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Consenso de mínimos: Reforma electoral

Abordemos ahora el primer punto del consenso de mínimos que surgió de ese movimiento plural, pacífico y ciudadano, no partidista, aunque político, al que llamamos 15M: la reforma electoral.

¿Por qué es necesaria?

Ya he hablado largo y tendido en este blog de lo indignante que es que nuestra LOREG y las leyes electorales de las comunidades autónomas españolas son una vergüenza para la democracia. La principal norma de la democracia es que el poder reside en el pueblo, pero la democracia se vuelve inválida si se lacera la voluntad del pueblo. Una voluntad expresada en las urnas, pero mutilada por los límites electorales de la ley D’Hont, no es una democracia completa. Una legislación electoral que permite que el voto de una persona valga menos que el de otra por el simple hecho de votar en otra localidad es una vergüenza.

Y sin embargo, es lo que ocurre en nuestra democracia parlamentaria. No me meteré con el tema de que nuestro sistema de gobierno es una monarquía parlamentaria. Eso quiere decir que nuestro jefe de estado sigue sin ser elegido democráticamente, y que se ve obligado por el Congreso, y no por los ciudadanos, a ratificar todas las leyes aprobadas en Congreso y Senado, sin que el pueblo pueda intervenir en ello.

¿Qué hay que hacer?

En primer lugar, es indignante que los votos de todos los españoles y españolas no valgan lo mismo dependiendo de dónde voten. Esto viene derivado de la demarcación electoral definida en la Constitución, que dice en su artículo 68:

2. La circunscripción electoral es la provincia. […]

3. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional.

Estas dos frases definen uno de los grandes problemas de nuestra democracia. A simple vista, es correcto y proporcional, ya que todas las provincias quedarán correctamente representadas. La realidad es que este sistema de circunscripción por provincia hace que haya partidos mal representados en el Congreso, como es el caso, en esta legislatura, de IU y UPyD, por ejemplo.

Hay que cambiar la constitución para que las elecciones tengan una única circunscripción, tanto para las generales, como para las autonómicas y municipales, que es la única manera de que todos los votos valgan lo mismo, independientemente de dónde se emitan.

En segundo lugar, nuestra LOREG, la Ley Orgánica que regula las elecciones generales, define el sistema por el cual se reparten los escaños. Aunque esta ley ha sufrido muchos cambios desde que se creó, nadie, nunca, se ha atrevido a cambiar ese sistema. Tal vez nunca nos habíamos dado cuenta de que el sistema es injusto, pero en esta legislatura nos hemos dado cuenta de que cientos de miles de votos se perdieron en las urnas por repartir los votos con el sistema d’Hont.

Este sistema define un límite mínimo (una “nota de corte”) para conseguir representatividad del 3%. Lo mismo ocurre con las normas electorales autonómicas, que definen las cortes de cada autonomía. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, el límite es del 5%. Eso quiere decir que si una fuerza política, demarcación a demarcación, no llega al 3% o al 5%, aunque le correspondieran uno, dos o más escaños, quedará eliminada automáticamente.

La pregunta es, “si queda eliminada, ¿a dónde van esos escaños?” La respuesta, tras los resultados en esta legislatura, está clara: a los partidos más votados. Pese a tener 200.000 votos más que CiU en las elecciones de 2008, Izquierda Unida quedó eliminada demarcación a demarcación y solo consiguió 2 escaños. CiU consiguió 11. ¿Adónde fueron los escaños que no consiguió IU? Al PP y al PSOE.

Además, en nuestro sistema electoral los votos blancos, nulos y las abstenciones sirven para lo mismo: para nada. Los nulos y las abstenciones son humo para nuestros políticos. A pesar de abstenciones superiores al 40% o el 50% en algunos casos a ellos les da igual. Hay partidos que ganan con mayoría absoluta, pese a que, teniendo en cuenta la abstención, sólo consiguen el 30% de los votos del conjunto total de los electores. Los votos blancos funcionan todavía peor: aumentan el volumen de votos haciendo más difícil que los partidos menos votados, pese a tener suficientes votos para conseguir varios escaños, consigan representatividad.

En muchos casos, gran parte de la abstención de algunas elecciones se trata de una “abstención activa”, es decir, votantes que deciden deliberadamente no ir a votar, porque ningún partido les representa, y sin embargo no existe un mecanismo que diferencie la abstención por desinterés de la abstención activa. Esta “abstención activa” debería tener su propia representatividad, mediante sistemas como el que propone Ciudadanos en Blanco, por el cual los votos en blanco, en lugar de favorecer a los partidos más votados, contarían como una fuerza política más, dejando escaños vacíos. Además, para evitar las elecciones con alta abstención, que representan a un mínimo de la población, debe incorporarse un mínimo de participación sin la cual deben repetirse elecciones. Es evidente que si, en unas elecciones, más del 50% de los electores se abstienen, los resultados no pueden ser en ningún caso representativos de la sociedad.

Por último, es curioso que la LOREG define el sistema electoral de las elecciones generales y el de las elecciones municipales, sin embargo el sistema electoral autonómico se define por cada comunidad autónoma. Esto provoca una diferenciación entre los sistemas de recuento y proporcionalidad muy grande entre las diferentes unidades de gobierno (local, autonómico y nacional), y eso sin tener en cuenta el tema de las diputaciones.

Por tanto, hay que eliminar la “nota de corte” de nuestra LOREG, así como obligar a que todas las legislaciones electorales autonómicas la eliminen. Además, hay que sustituir el sistema d’Hont que es pseudo-proporcional, por un sistema que represente de una mejor manera los votos de los electores, como la que ya propuse en este blog (regla de cocientes enteros y restos más altos). Igualmente, hay que redefinir en el sistema electoral de las comunidades autónomas y de los municipios para obligarlos a todos a funcionar por el mismo rasero con el mismo sistema.

En tercer lugar, y relacionado con el punto cuarto del consenso de mínimos (“Mecanismos de control”), hay que incorporar el sistema de listas abiertas al sistema electoral por dos razones básicas.

La primera es que, pese a que un partido político presenta unas listas concretas, en un orden concreto, es posible que el elector prefiera no votar a algunos representantes de la lista. Para poner un ejemplo, hay muchos votantes del Partido Popular en Alicante que hubieran preferido poder “tachar” de la lista al número dos, el imputadísimo José Joaquín Ripoll, que hasta ahora había sido el presidente de la Diputación Provincial de Alicante y al cual, su propio partido, ha vetado en ese puesto. Tal vez hubiera sido mejor que, en vez del partido, hubiese elegido el pueblo… por eso de que “la soberanía reside en el pueblo”.

La segunda es que el acta de diputado, aforado o cualquiera que sea el cargo que se ocupe, pertenece según la legislación vigente al propio miembro electo de la cámara, y no al partido. Esto viene recogido en el artículo 67 de la constitución española:

2. Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo.

De incorporar el sistema de listas abiertas al sistema electoral, el pueblo eligiría, no al partido, sino a su representante directamente, de la lista propuesta por cada partido. De este modo se respetaría el hecho de que el acta de diputado pertenece al diputado y no al partido, como ya recoge la constitución.

En resumen…

En resumen, nuestra legislación electoral es muy mejorable, desde la más básica (nuestra constitución) a la más descentralizada (las diferentes fórmulas electorales de cada autonomía). Para conseguir una regulación satisfactoria, que consiga mayor y mejor democracia en nuestro sistema habría que:

  1. Reformar la constitución para eliminar la provincia como circunscripción electoral e introducir la idea de “circunscripción electoral única” para todas las elecciones, sean generales, autonómicas o municipales.
  2. Modificar el sistema de repartición de votos de la LOREG, para las elecciones generales y municipales, cambiando el sistema de ley D’Hont por el sistema de cocientes enteros y restos más altos, y eliminando los mínimos para alcanzar representatividad.
  3. Incorporar en la LOREG la gestión de los “escaños vacíos” por votos en blanco, tratándolos como una fuerza política más, que respete el valor de las “abstenciones activas”.
  4. Incorporar en la LOREG la gestión de los mínimos de representatividad, de manera que se establezca un mínimo de participación sin la cual se obligue a la repetición de elecciones.
  5. Incorporar en la LOREG las normas básicas que deben regir las normativas electorales autonómicas y municipales, que deben regirse por los mismos principios a modificar en la propia LOREG.
  6. Introducir el sistema de listas abiertas al sistema electoral, y explicitar que el acta de diputado, pertenece al diputado tanto en las Cortes Generales, como en el Senado y en los organismos de gobierno autonómicos, provinciales y municipales, eliminando la disciplina de partido.
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  1. junio 24, 2011 en 7:05 pm

    No termino de ver las listas abiertas en el conjunto del resto de reformas porque, si se impone un sistema de listas abiertas, cada ciudadano elegirá a su representante en el Congreso y las listas de partidos serán innecesarias. Pero, ¿cómo se haría para asegurar que se asignen todos los escaños? Y, si se dejan escaños libres según la abstención, ¿cómo se repartirían éstos? Si se vota a una persona, tiene cierto sentido la circunscripción provincial, como en el Senado ahora mismo.

  2. boss
    julio 7, 2011 en 11:51 pm

    Me pido una cosita sencilla de definir pero con gran repercusión: una ley de referéndum con resultados vinculantes. Con algo así se puede tumbar cualquier barbaridad que quieran hacer los partidos, la ley Sinde, por ejemplo.

    • julio 11, 2011 en 12:55 pm

      Una ley de referéndum implicaría un cambio en la constitución que es importante empezar a consensuar ya. Porque, asumámoslo, la constitución puede y debe cambiarse y ratificarse por la generación de españoles y españolas que nunca tuvo la posibilidad de votar por ella.

      Sea quien sea el jefe de estado, sea que mantengamos la figura del Rey o transformemos España en una República, el deber del jefe de estado de ratificar las decisiones del Congreso debe ser posible interpelarlo por Iniciativa Refrendataria Popular, mediante la cual con el mismo sistema que en una Iniciativa Legislativa Popular (la recogida de 500.000 firmas) se pueda bloquear la ratificación de una ley (en caso de no haber sido todavía ratificada) o revertir la ratificación (en caso de haber sido ratificada y publicada en el BOE), y obligar a la refrendación mediante consulta popular vinculante de la misma en un plazo máximo de un año. Así, el jefe de estado dejaría de ser un mero títere de las cortes (como ya son también los jueces, el senado y la televisión pública, por ejemplo) y se convertiría en lo que de verdad debería ser: un representante leal al estado (la gente), no a la política.

  3. KIK
    noviembre 8, 2011 en 7:43 pm

    ¿ Que puede hacer el pueblo, para cambiar la constitución?

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