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Consenso de mínimos: Lucha contra la corrupción

El segundo punto del consenso de mínimos es el de la lucha contra la corrupción. En la Comunidad Valenciana tenemos esto (parece) súper asumido. Tanto por parte del Partido Popular como por parte del Partido Socialista, las listas electorales se nutren de imputados e implicados en los casos Brugal, Gürtel y Fabra. La razón es sencilla: no se trata de que sean buenos políticos, se trata de que su asiento en las Cortes los convierte en aforados y, por tanto, intocables ante la ley. Otros casos de corrupción, algunos manifiestamente evidentes, pueden consultarse en la web de #votaaotros. De hecho el manifiesto 2.o de #nolesvotes abría con las palabras:

La corrupción en España alcanza niveles alarmantes. No se trata sólo de los casos de corrupción urbanística, cohecho, prevaricación, etc., que afectan de manera generalizada a los grandes partidos: hablamos de corrupción en los mismos fundamentos del sistema.

En este contexto se ha asentado la alternancia perpetua de organizaciones políticas aferradas al poder durante décadas (PP, PSOE, EAJ-PNV, CiU…), sin otras opciones más que aquellas necesarias para conseguir sus propios objetivos, sin permeabilidad de nuevas ideas, sin permitir la participación activa de la ciudadanía, asfixiando toda posibilidad de regeneración democrática.

Ni que decir tiene que el hecho de que los imputados sean aforados e “intocables” hace muy difícil que el poder judicial haga su trabajo. Los políticos se escudan en que “imputado no significa culpable” y sin embargo, cuando se les piden responsabilidades demoran años la presentación de facturas, piden anulaciones de escuchas telefónicas que les delatan o simplemente asumen la realidad de las acusaciones, como si fuese la cosa más normal del mundo.

Por supuesto, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, eso vale para todos los ciudadanos. Pero precisamente, siguiendo ese mismo principio de igualdad, todos los representantes del pueblo en Cortes, Diputaciones y Ayuntamientos deben tener el mismo tipo de privilegios y obligaciones que el resto. Que los aforados tengan un estatus especial que les otorgue inmunidad ante la ley mientras ejecutan su cargo es demencial.

¿Qué hay que hacer?

En primer lugar, los partidos políticos deberían hacer un poco de autocrítica. Aquellos que mantienen y defienden a sus cabezas de lista super imputados y les ayuda a no presentarse ante la ley tienen tan poca vergüenza como aquéllos que se amparan en las direcciones centrales de los partidos que los mantienen ahí. Si un diputado tiene inmunidad, pero resulta requerido por la justicia, por pura ética debería renunciar a su puesto, zanjar el asunto en los tribunales, y esperar a las próximas elecciones a recuperar su puesto.

En segundo lugar, esto no sería siquiera necesario si la inmunidad de los aforados (ojo, que en el Congreso de los Diputados es igual) se eliminara. En este caso los diputados podrían ser requeridos por la justicia incluso mientras están ejerciendo su deber constitucional de representar democráticamente a sus votantes en las cámaras. De resultar enjuiciados y declarados culpables, deberían dejar su puesto automáticamente por ley, pero en otro caso, podrían defender su honor y su inocencia sin que su actividad parlamentaria se viese afectada.

En tercer lugar, es indignante, incluso para los votantes de partidos que protegen a los imputados, tener que votar una lista con personas que conocen ciertamente que son imputados o, peor, corruptos. Muchos de los votantes del Partido Popular en Alicante hubiesen preferido poder votar una lista abierta, eliminando de la misma al número dos impuesto por la dirección central, José Joaquín Ripoll. No digo que su implicación sea cierta o falsa, aunque ya se sabe que “cuando el río suena, agua lleva” y este suena mucho, pero sí que si los ciudadanos tuviesen la libertad de tachar de las listas que votan a aquellos a los que no quieren votar, tal vez los imputados dejarían de escudarse en los votos que han obtenido para eludir la ley.

En cuarto lugar, todo cargo público debería verse obligado a hacer públicas sus cuentas, así como las de sus familiares directos y sus sociedades. Es indignante que en la publicación de las cuentas de Camps y Alarte, en la Comunidad Valenciana, nos hagan creer que el uno solo tiene 4.000 euros entre dos cuentas y el otro tiene 600. La declaración de la renta de los cargos públicos, de todos ellos, deberían ser públicas.

Por último, no olvidemos que hay gente honrada, igual que la hay corrupta, en todos los partidos. Todos los partidos políticos, incluidos aquéllos que luchan fehacientemente contra la corrupción dentro de sus filas, pueden, en un momento dado, encontrarse con un problema de corrupción en sus filas. Un diputado de las cortes que esté en contra de las prácticas corruptas de su propio partido, sin embargo, está obligado a votar a favor de las iniciativas de su partido por la disciplina de partidos. Aunque veremos que esto tiene mucho que ver con los mecanismos de control que propone el punto cuarto del consenso de mínimos, reconocer abiertamente que el escaño corresponde al diputado o concejal y no al partido permitiría que tanto corruptos como honrados dentro de cada partido se posicionasen incluso en contra de las directrices del propio partido.

En resumen…

  1. La lucha contra la corrupción sale de dentro. Un partido demócrata debería estar a la vanguardia de la lucha contra la corrupción, en lugar de proteger a sus imputados.
  2. Eliminar la inmunidad de los aforados. Si todos somos ciudadanos iguales ante la ley, igual deben serlo los ciudadanos que se dedican a la política. Ellos tienen más privilegios que el resto, por tanto también deben ser mucho más responsables.
  3. Las listas abiertas pueden contribuir a que los votantes, incluso de los partidos que protegen a sus imputados, decidan si quieren que sus imputados estén o no en las instituciones.
  4. Dado que los cargos públicos tienen sueldos públicos y deben rendir cuentas, no solo ante hacienda, sino ante sus electores, es necesario que todas sus cuentas y las de sus familiares directos y sociedades en las que estén implicados sean públicas igualmente.
  5. Finalmente, el que los escaños pertenezcan al concejal o diputado haría más fácil que, en casos de cargos electos honrados que se encuentren casos de corrupción en sus propios partidos, puedan votar en contra de medidas que consideren corruptas.
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