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Una Ley Electoral justa y la reforma constitucional

Desde que me di cuenta de que, incluso si CiU no hacía lo de siempre y se ponía de parte de los demócratas, nos iba a hacer falta que 8 diputados del PPSOE firmaran para pedir un referéndum si hay (que habrá) reforma constitucional, empecé a pensar… ¿Qué habría pasado si la Ley Electoral hubiese sido proporcional en 2008, cuando el Congreso se repartió tal como está ahora?

El caso es que PP y PSOE habrían conseguido el 83% de la cámara, un total de 290 escaños. Eso implica que la distribución de fuerzas sería muy diferente de cómo se encuentra ahora, que el 93% de los escaños es del PPSOE. Eso quiere decir que en lugar de haber 28 escaños no-PPSOE habría nada menos que 60. Y significaría seguro que las fuerzas políticas que estuvieron cercenadas por la Ley D’Hont aplicada en la demarcación electoral de provincia en lugar de en la totalidad del estado, estarían bien representadas.

Por poner un ejemplo, sin aumentar el número de fuerzas políticas, IU debería tener entre 13 y 15 escaños en lugar de los 2 que tiene actualmente. Y UPyD debería tener entre 4 y 6, en lugar del único escaño que tienen ahora. Sin tener en cuenta los 11 a 13 escaños que corresponderían a CiU (que está negociando su participación en su reforma constitucional), habría más de 55 escaños que no pertenecerían a partidos a los que sólo podemos llamar antidemócratas, atendiendo a la definición de democracia.

 Doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno.

Si nuestros políticos y, especialmente, los partidos que se alternan en el gobierno, estuviesen a favor de que el pueblo interviniese en el gobierno, les permitirían pronunciarse acerca de si ven con buenos ojos o no la reforma constitucional. Y eso no se va a hacer con unas elecciones. Con unas elecciones generales se cambia el gobierno. Y es nuestro trabajo como ciudadanos, utilizar cuantos medios estén a nuestro alcance, por pocos que sean, para cambiar el sistema que cercena nuestra libertad. Pero con unas elecciones no se legitima un cambio en la constitución.

Un cambio en la constitución sólo se puede legitimar con un referéndum, muy especialmente en la situación de crisis de confianza que tiene España ahora mismo con todos sus políticos, muy especialmente en la situación de crisis económica que estamos sufriendo y mucho más cuando los cambios constitucionales no los sugieren desde los representantes políticos elegidos por los españoles, sino que vienen sugeridos desde fuera, o peor, desde algo tan etéreo como “los mercados”. Es nuestra constitución, no la suya, y queremos y tenemos el derecho a votarla. Si quedan demócratas en la cámara, por favor, soliciten un referéndum incluso si va en contra de la disciplina de partido. De haber tenido una Ley Electoral justa habría referéndum seguro.

Haciendo un poco de historia, el otro cambio (podríamos decir, la otra “enmienda”) constitucional fue en 1992. En aquél momento (también gobernaba el PSOE) Europa nos decía que si entrábamos en el tratado de Maastrich, teníamos que dar la oportunidad de participar políticamente a los extranjeros. Entonces se añadió el término “y pasivo” en el artículo 13.2 de nuestra Constitución, permitiendo que los residentes en España pudiesen participar en las elecciones municipales.

Ese cambio constitucional, aunque fue para conseguir mayor democracia dando la oportunidad a los extranjeros de participar en la democracia de su país de residencia, de nuevo, fue un cambio constitucional impuesto por Europa y no refrendado por aquellos que son propietarios en última instancia de la Carta Magna. Al fin y al cabo, la soberanía del estado español, según la propia Constitución, emana del pueblo español, no del europeo.

En fin, espero sinceramente que a algunos de nuestros diputados del PPSOE se les revuelva la conciencia democrática que en algún momento entre la transición y el momento en que se sentaron en ese Hemiciclo debieron tener, y se salten la disciplina de sus respectivos partidos para dar a los verdaderos depositarios de la soberanía el derecho a decidir. Solo hace falta una urna más el 20 de noviembre.

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