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Otro gallo cantaría, y la SGAE le cobraría

julio 5, 2011 1 comentario
No me cantan los sobacos porque la SGAE me cobraría por ello

No me cantan los sobacos porque la SGAE me cobraría por ello

“No me cantan los sobacos, porque la SGAE me cobraría por ello”. Así se puede leer en la camiseta que hace solo dos semanas repartía la revista satírica El Jueves con su edición impresa, por un par de euros más de lo normal. Lo sé, porque fue mi primer El Jueves.

Desde los inicios de las andanzas parlamentarias del tema del canon, que se remontan, no olvidemos, al último gobierno de Felipe González en 1996. Este canon se extendió posteriormente a los medios de almacenamiento digitales bajo el amparo del gobierno de José María Aznar en 2002, y más recientemente, en 2007, con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a los medios de grabación y dispositivos multimedia como grabadoras de CD/DVD, reproductores MP3, PDA, teléfonos móviles…

El caso es que solo entre 2003 y 2005 (bajo el gobierno de Aznar) el canon produjo la friolera de 300 millones de euros, que obviamente han ido aumentando al ampliarse la gama de dispositivos y consumibles gravados y el precio de los mismos.

Curioso es que, según la ley, que ni unos ni otros han tocado en este aspecto, el dinero recaudado se gestiona mediante agencias de gestión privada (léase SGAE) y no se propone ni permite el que los autores puedan acceder directamente a este “pago compensatorio por copia privada” que se cobra indiscriminadamente a los fabricantes y que acaban pagando los usuarios somo un sobrecoste del producto, se utilicen o no para copias privadas.

Lo lógico sería pensar que, si ya estoy pagando un impuesto, que me permite reproducir mi copia privada de elementos protegidos por propiedad intelectual 1) la copia privada no debería ser un delito y 2) no debería pagar más por ello. La realidad es que, aunque los CD o DVD los utilices para grabarte las fotos de tu sobrino, o el vídeo de la boda de tu prima, o hacer una copia de seguridad de los datos de tu empresa… sigues pagando a la SGAE y otras compañías del tipo, como si te estuvieses copiando el último CD de Alejandro Sanz. Es más, si pones la radio en tu peluquería y pones una emisora de radio de música (digamos, Los 40 Principales) también deberías pagar a la SGAE, esta vez directamente, porque estás haciendo una distribución pública de elementos protegidos con derechos de autor. A eso, lo llaman pago solidario, pero la UE ha visto que es una vulneración de la presunción de inocencia, por lo que lo declaró ilegal y recomendó encarecidamente al gobierno de Zapatero que modificase la ley del canon.

No contentos con estar tomándonos por ladrones a todos los ciudadanos por igual, haciéndonos pagar un impuesto que va directamente a sociedades opacas y privadas como la SGAE, la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, se sacó de la manga con su ya famosísima “Ley Sinde” de Economía Sostenible que las páginas Web podrían cerrarse con una comisión del ministerio de Cultura, en lugar de pasar por una decisión judicial. La ley acabó modificándose, pero lo único que se cambió fue el hecho de que ya no es una comisión, sino un juez quien puede cerrar la Web. El hecho de promover la censura en la Red, continúa en el espíritu de la remozada Ley Sinde.

Ahora, tras unas denuncias de la Asociación de Internautas que empiezan a dar su fruto tras varios años de investigación, el presidente de la SGAE, “Teddy” Bautista, está en prisión y dejará su cargo porque se le imputan cargos graves de malversación de fondos y jugar con el dinero del canon que pagamos entre todos. Los primeros en saltar al respecto fueron los de la propia SGAE, que decían que las noticias que salían de que la SGAE estaba siendo intervenida por la Guardia Civil eran falsas. Después vinieron los artistas de turno, entre ellos Alejandro Sanz, cubriéndose de nuevo de gloria, diciendo que si éramos todos unos “cortitos”, “rabiosos” y “oportunistas”, defendiendo la presunción de inocencia de los directivos de la SGAE. González-Sinde, sabiendo la que le venía encima, también pidió “presunción de inocencia” para los detenidos, y ahora imputados, en el caso SAGA.

Parece que ahora todos están de acuerdo en pedir presunción de inocencia, cuando llevan 15 años cobrando un canon que hace alarde de todo lo contrario, considerando culpables de piratería a todos los que se compran un ordenador, una memoria USB, un DVD, un disco duro… ¿Dónde estaba la presunción de inocencia en esos casos?

Precisamente el PP, que no eliminó en su día el canon, sino que lo amplió y que además votó a favor de la Ley Sinde, ahora intenta sacar réditos electorales de esta situación. No se les ha ocurrido otra que interpelar a Rubalcaba por el hecho de que el gobierno no haya controlado a la SGAE y se haya permitido la malversación de fondos. Desde luego, están en su derecho. ¿Pero no podríamos hacer lo mismo con la señora Castedo y el señor Alperi, alcaldesa y ex alcalde de Alicante, respectivamente, en relación al caso Brugal? ¿No podríamos hacer lo mismo en las Cortes Valencianas al señor Camps? ¿O es que la presunción de inocencia nos interesa sólo de vez en cuando?

En cualquier caso, quien sale perdiendo de todo esto es, como siempre, el ciudadano. Llevan cobrados cientos, miles de millones a costa del canon, quejándose de que la industria no repunta, y tienen muchas opciones. Sí, sin duda son opciones radicalmente opuestas la gestión de derechos de toda la vida. Son maneras de distribuir las creaciones totalmente novedosas, como por ejemplo Netflix en EE.UU. o Spotify en Europa. Significaría permitir que, si un autor quiere, sea su propio gestor de derechos, o utilice medios públicos establecidos directamente por el estado para gestionar sus derechos. Significaría reconocer la posibilidad de distribuir contenidos de manera libre, o semicerrada, como hacen las licencias Copyleft, Creative Commons, GPL, LGPL y similares. Pero al final los creadores recibirían su compensación, además de manera directa, y conseguirían una gestión limpia, sin intermediarios y potenciando su creatividad, ya que estarían más cerca de los verdaderos consumidores de cultura.

Hoy leo en La Vanguardia que el gobierno va a retirar el canon. El día 12 González-Sinde explicará cómo y cuándo. Pero según la Ley de Economía Sostenible, que al final aprobaron CiU, PP y PSOE, esto debería haberse hecho en los tres meses siguientes a la aprobación de la norma, que se publicó el 5 de marzo. Eso quiere decir, que se han saltado los plazos, que acabaron el 5 de junio. Posiblemente, si lo de la SGAE no hubiese saltado a la palestra mediática, nadie hubiese hecho caso a ese pequeño párrafo de una ley tan larga.

Pero eso no va a devolver el dinero que hemos pagado ya, ¿verdad? Todos están implicados en la trama, y sería una pena que la investigación del caso se quedase solo mirando a los directivos de la SGAE y no apuntara un poco más alto, tirando del hilo parlamentario de los bandos implicados en la aprobación de todas las leyes del canon. Veremos cómo se desenvuelven los asuntos, pero lo que está claro es que #nolesvotes #votaaotros sigue siendo la opción lógica, coherente y democrática. Cualquier otra opción es aprobar activa o tácitamente el monopolio (que no democracia) que practica el PPSOE en la vida política Española.

Legalidad vs. Justicia

marzo 24, 2011 3 comentarios
58

Quedan 58 días #nolesvotes

#3

Quedan 3 días para el primer #nolesvotes Trend Topic Day

(Veo que las grandes mentes piensan lo mismo cuando leo el blog de mi amigo eloso)

Siempre he dicho que el término “justicia” está devaluado. Hablamos de justicia cuando hablamos del “Ministerio de Justicia”, cuando hablamos del “Tribunal Superior de Justicia”, cuando hablamos del “Palacio de Justicia”… etcétera. Hablamos de “justicia” cuando hablamos de jueces, de tribunales y de causas… Pero, desgraciadamente, eso no es justicia.

Definido por la R.A.E., justicia es:

Una de las cuatro virtudes cardinales, que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece.

El gran problema es cómo determinar qué le corresponde o pertenece a cada uno. Socialmente, definimos la justicia en la medida que lo determina la normativa o la legalidad del ámbito en que nos encontramos. Moralmente, las cosas cambian mucho. Por eso digo que “justicia” es un término devaluado. Deberíamos llamarlo “legalidad”.

Hoy precisamente, la “justicia” española ha dado la campanada, y es momento de comentarlo.

En primer lugar, está el caso de Sortu, el partido heredero (sí, con cursiva) de la ilegalizadabatasuna (sí, todo junto), que ha sido ilegalizado hoy por el Tribunal Supremo. Presentó sus estatutos a la inscripción de partidos cumpliendo a rajatabla con la ley de partidos y condenando tajantemente la violencia y los actos terroristas, incluyendo explícitamente los de ETA. Por si quedaban dudas de su rechazo profundo a la violencia, plantearon un comunicado de prensa dejándolo bien clarito. Que había indicios suficientes para ver que Sortu era “Batasuna II”, es cierto. Que no había razones legales para ilegalizarlo, también. De ahí que tres de los siete magistrados hayan votado en contra de la ilegalización que, por primera vez, no es unánime. ¿Justicia o legalidad? Como dice mi amigo eloso…

Es como si a mi me muestra una foto de radar la GC circulando a una velocidad correcta pero me pone una multa por que argumenta que no iba mas rapido por que sabia donde estaba el radar.

Eloso (http://eloso.blogia.com).

En segundo lugar está el tema del canon digital. Hoy, la Audiencia Nacional ha declarado nula la normativa de 2008 que extiende el canon digital aprobado en 2006. Como explica Público, anula la norma de 2008 (orden ministerial) que extiende la norma de 2006 a otros artículos, pero no anula la norma de 2006. Esta norma ya ha sido recurrida en el Tribunal Constitucional, y la Unión Europea ya dijo en su momento que la arbitrariedad del canon no se ajustaba a los requerimientos europeos. Los propios tribunales españoles ya le dieron la razón a la tienda Traxtore en contra de la SGAE cuando se negó a pagar el canon. Sin embargo, el canon seguirá de plena aplicación a pesar de todo. A pesar de que yo sea un productor musical, o que grabe con mi cámara vídeos domésticos que pase a DVD o a mi disco duro externo. Seguiré pagando a la SGAE y sus sucedáneos por ello, como si fuese un delincuente. ¿Justicia o legalidad?

En la Comunidad Valenciana, el Tribunal Superior de “Legalidad” ha declarado que juzgará a Ángel Luna por su presunta implicación en el caso Gürtel mientras era alcalde de Alicante. La trama Gürtel salpica a su bando, PSOE, y al otro, PP, llegando hasta los famosos trajes de Don Francisco Camps (y no, no diré molt honorable). Curiosamente todos ellos se presentan de nuevo a la reelección. Curiosamente los juicios se comenzarán a celebrar justo después de las elecciones. De ahí a que llegue una resolución… Habrá que esperar, claro. Llevamos esperando desde 2009. ¿Justicia o legalidad?

Por último y para terminarlo de arreglar, El Cuco ha sido absuelto de la violación y posterior asesinato de Marta del Castillo. Sólo se le declara culpable de encubrimiento y, por ser menor, estará tres años en un centro de internamiento. ¿Justicia o legalidad?

En fin… Desde el momento en que el Consejo General del Poder Judicial lo eligen los mismos que hacen las leyes… ¿Qué podemos esperar? ¿Justicia o legalidad? #nolesvotes.

 

Nota personal.

Siempre he dicho que votaría a aquél partido que propusiese 1) una reforma de la Constitución y una reválida de la misma, 2) el cambio integral de la Ley Electoral para hacerla más justa y 3) una reforma integral para dividir totalmente los poderes, reformando especialmente el poder judicial.

Curiosamente si #nolesvotes tiene éxito, dado que el CGPJ y el TC lo elige el Parlamento, obligaría a los actuales grandes partidos a vérselas con la fuerza de las terceras vías emergentes, que tendrían votos suficientes para tumbar propuestas de PPSOE. La repercusión en la justicia de este cambio también sería directa, haciendo que los magistrados no obedeciesen a un bipartidismo recalcitrante, sino a la pluralidad ideológica esencial en democracia.

Más aún, si un partido emergente consigue esos tres objetivos inciales, podría refundar España y convertir la idea del “Estado de Derecho” en una idea mejor, un “Estado Justo”.

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